La propuesta, en discusión en el Senado estatal tras su aprobación en la Cámara de Diputados, surgió después de que la policía acusara a un individuo extranjero de causar la muerte a una estudiante de enfermería mediante golpes.
Luego de que los miembros del partido Republicano en la Cámara de Diputados de Georgia respaldaran una propuesta legal que requeriría a todas las agencias policiales asistir en la identificación de individuos inmigrantes sin documentos, detenerlos y mantenerlos bajo custodia para su expulsión del país, diversos grupos y figuras políticas han censurado la medida.
La Asamblea de la parte inferior del órgano legislativo aprobó el jueves pasado con un margen de votos de 97-74 la propuesta legislativa HB 1105, respaldada por el legislador estatal Jesse Petrea, miembro del partido Republicano por Savannah.
La medida también impone nuevas condiciones sobre la forma en que los empleados penitenciarios deben verificar con la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para determinar si alguien se encuentra en el país de manera ilegal.
La Asociación de Funcionarios Latinos Elegidos en Georgia expresó su inquietud respecto a la medida en un comunicado emitido el lunes pasado: “El actual conjunto de propuestas […] transgrediría las libertades constitucionales, pasaría por alto las necesidades de las comunidades locales y perpetuaría estereotipos perjudiciales sobre los latinos y los migrantes”.
Los miembros del partido Demócrata advirtieron que la legislación acarrearía detenciones prolongadas, separaría a los progenitores nacidos en otras naciones de sus hijos nacidos en los Estados Unidos y fomentaría la desconfianza hacia las fuerzas policiales en las comunidades migrantes. Afirmaron que se fundamentaba en la errónea noción de que los migrantes fomentan la delincuencia, y citaron investigaciones que evidencian que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos.
La obligación de colaborar con el ICE requeriría que las municipalidades y áreas administrativas que cumplan con los criterios soliciten lo que se denomina acuerdo 287(g) para facultar a los agentes locales a aplicar la legislación migratoria. No está claro cuántas solicitudes serían aprobadas: la administración del presidente, Joe Biden, ha minimizado la relevancia del programa.
El Instituto de Asistencia Legal para Inmigrantes reportó en julio que seis de los 159 condados de Georgia cuentan con acuerdos 287(g) con ICE. Cinco de estos se limitan únicamente a las instituciones correccionales. El condado de Oconee, un área suburbana de Athens, atiende las órdenes de detención relacionadas con infracciones migratorias y órdenes de expulsión. Además, las entidades gubernamentales estatales también colaboran con ICE.
