La Corte Suprema temporalmente suspendió la Ley de migración SB-4 de Texas, que habría facultado la detención de migrantes en situación irregular. Esta disputa jurídica sobre la competencia federal en temas migratorios subraya las tensiones entre el gobierno estatal y federal.
El período otorgado a Texas para contestar añade incertidumbre al debate, con repercusiones importantes para la política migratoria.
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha intervenido para detener temporalmente la puesta en práctica de la polémica legislación migratoria SB-4 en Texas, la cual facultaría la detención de migrantes que entren al país de forma ilegal.
La medida fue dictada por el juez Samuel Alito el lunes, posponiendo la aplicación de la ley hasta el 13 de marzo, y solicitando una respuesta por parte del estado de Texas para el 11 de marzo.
El gobernador del partido republicano, Greg Abbott rubricó la legislación en diciembre y ha venido aplicando una serie de disposiciones cada vez más rigurosas en el límite fronterizo, desafiando los límites de la autoridad estatal para contener la llegada de migrantes al país.
De acuerdo con la normativa en debate, los agentes locales y estatales tendrían la capacidad de arrestar a individuos sospechosos de ingresar al país de manera ilegal.
Estas individuos apresados podrían acatar una disposición de un magistrado de Texas para salir del país o ser procesados por infracciones menores vinculadas con la entrada ilegal a los Estados Unidos.
Los migrantes que se rehúsen a dejar el país luego de recibir la disposición podrían ser detenidos nuevamente y enfrentar imputaciones más serias.
El Departamento de Justicia presentó ante el Tribunal Supremo el argumento de que esta legislación perturbaría considerablemente el balance establecido durante casi 150 años entre el gobierno federal y los estados en materia migratoria.
Adicionalmente, alertó sobre posibles consecuencias adversas significativas en la relación bilateral entre Estados Unidos y México, y la posibilidad de desencadenar desorden en la ejecución de las leyes federales de inmigración en Texas.
El gobierno federal también hizo referencia a una sentencia previa del Tribunal Supremo en 2012 sobre una normativa de Arizona que autorizaba la detención de individuos por infracciones federales de inmigración.
