Las autoridades tienen la capacidad de detener a cualquier persona a la que consideren sospechosa de haber entrado al país de manera no autorizada.
El lunes pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, un miembro del Partido Republicano, ratificó un conjunto de legislaciones contra la inmigración, entre las cuales se encuentra la SB4. Esta ley, catalogada como una de las más rigurosas en la historia de Estados Unidos, concede a las fuerzas policiales la autoridad para detener y expulsar a migrantes sin seguir el debido proceso legal.
En el escenario de las obras de construcción del muro en la frontera entre México y Brownsville, Texas, Abbott rubricó un conjunto de tres leyes aprobadas durante las sesiones extraordinarias de la Legislatura. Estas medidas responden a lo que él percibe como una política de “fronteras abiertas” por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La SB4, destacada por ser una de las normativas antiinmigrantes más rigurosas en la historia estadounidense, tipifica como delito menor la entrada o intento de entrada irregular al estado por parte de un extranjero desde una nación extranjera.
La transgresión se eleva a la categoría de delito grave, con una posible pena de hasta 20 años de prisión en caso de reincidencia.
Esta normativa faculta a la jurisdicción estatal para ordenar la expulsión de personas sin necesidad de un proceso judicial. Sin embargo, lo más controvertido radica en la autorización dada a los oficiales de policía para detener a cualquier sospechoso de haber ingresado ilegalmente al país, otorgándoles la discrecionalidad de expulsarlo a México.
Al firmar la ley, el gobernador expresó: “El objetivo de esta legislación es frenar el aumento de ingresos ilegales de extranjeros a Texas”, destacando que durante el mandato de Biden, que comenzó en enero de 2021, más de ocho millones de migrantes han cruzado la frontera.
Ante las inquietudes expresadas por activistas, quienes argumentan que la ley podría fomentar el perfilado racial hacia los inmigrantes residentes en el estado, entre otros efectos negativos, Abbott señaló que la implementación de esta legislación “se concentrará en la frontera”.
Esta medida se suma a otras acciones que Abbott ha puesto en marcha como parte de su Operación Estrella Solitaria contra la inmigración irregular, para la cual se asignaron 9.500 millones de dólares desde 2021. Estas acciones incluyen la instalación de una valla de alambre de púas y una barrera de boyas en el Río Grande, que sirve de frontera entre Texas y México.
Abbott también rubricó otros dos proyectos de ley, entre ellos la SB3, que destina 1.540 millones de dólares adicionales para la construcción del muro fronterizo y el respaldo financiero a operaciones de seguridad en la región. Esto incluye fondos para los departamentos de policía con el fin de implementar la SB4.
Una ley adicional firmada por el gobernador establece una pena mínima de 10 años para aquellos encontrados culpables de tráfico de migrantes.
Además, Abbott lanzó críticas hacia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtiendo que la frontera es bidireccional y que su Gobierno podría haber “detenido todo esto”. También calificó como “reprochable” la política de López Obrador, acusándolo de exponer a los migrantes a torturas, violaciones y la muerte.
A pesar del considerable costo de su estrategia migratoria, las acciones emprendidas por Abbott, quien ostenta el cargo de gobernador desde 2015, le han permitido consolidar su influencia en el estado al superar las objeciones demócratas. Asimismo, ha logrado promover su agenda antiinmigrante a nivel nacional y desafiar al Gobierno del presidente Biden, a quien responsabiliza de la inmigración ilegal, argumentando una presunta política de “fronteras abiertas”.
Abbott se enfrenta ahora a la posibilidad de que las nuevas leyes, especialmente la SB4, sean impugnadas tanto por el Gobierno federal como por grupos proinmigrantes, incluyendo la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), quienes ya han anunciado su intención de llevar el caso a los tribunales.
Estas disposiciones también podrían generar el rechazo de una parte de los aproximadamente 12 millones de hispanos en Texas, que constituyen el grupo demográfico más grande del estado, representando el 40,2% de los alrededor de 30 millones de habitantes.
Después de la ratificación de las leyes, numerosas organizaciones en Texas expresaron fuertes críticas al gobernador, advirtiéndole que se encontrarán en los tribunales “muy pronto”.
Un grupo de activistas, liderado por La Unión del Pueblo Entero (LUPE) y el Frontera Texas Organizing Project, recordó al gobernador que están en un “estado de alerta y resistencia” frente a la implementación de estas medidas.
Más de cuarenta personas protestaron con el lema “Sí se puede” en el lugar, marcando el inicio de una campaña lanzada la semana anterior y a la que se han unido más de 50 organizaciones comunitarias, comprometiéndose a llevar a cabo manifestaciones en los próximos meses.
Tania A. Chávez Camacho, directora de LUPE, declaró durante la protesta: “No hay límite para el terror que el gobernador Abbott está provocando en los texanos”. Agregó que el gobernador y sus aliados han convertido a Texas en un “lugar seguro” para un pequeño grupo de personas xenófobas y antiinmigrantes, al mismo tiempo que lo han vuelto hostil para la mayoría de los texanos.
Chávez advirtió que continuarán protestando, dando testimonio y organizándose contra estas políticas “tanto en las calles como en los tribunales”.
En ese contexto, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas confirmó su “intención” de presentar una demanda contra la SB4 durante esta semana. Sarah Cruz, estratega de políticas y defensa de los derechos fronterizos y de los inmigrantes en la ACLU de Texas, afirmó que esta ley representa uno de los proyectos “más radicales y antiinmigrantes del país”. Según Cruz, la SB4 indudablemente resultará en más violaciones de derechos y generará temor en las comunidades negras, morenas e indígenas, así como en todas las personas de color en todo el estado.
La abogada advirtió que la SB4 contraviene el derecho internacional y federal, interfiriendo con el proceso de asilo.
