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Una corte en Texas ha suspendido temporalmente la ley SB4, la cual criminalizaba los cruces fronterizos irregulares.

La resolución judicial se basa, entre otras razones, en la ausencia de competencia de las autoridades locales para intervenir en asuntos migratorios que son competencia exclusiva del Gobierno. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha anunciado que el estado apelará la decisión “de inmediato”.

El tribunal federal del Distrito Occidental de Texas emitió el jueves una orden preliminar que suspende temporalmente la ley estatal SB4, que convierte en delito cruzar la frontera de manera irregular.

La petición fue presentada por varios colectivos que defienden los derechos de los inmigrantes, y el Gobierno estatal se opuso a ella; no obstante, es una medida provisional hasta que el tribunal analice el fondo del asunto y tome una decisión, que podría ser impugnada por cualquiera de las partes y, en última instancia, llegar a la Corte Suprema.

Aprobada a mediados de noviembre por la Asamblea estatal (dominada por el partido republicano) y ratificada un mes después por el gobernador, también republicano, Greg Abbott, la ley convierte en delito menor que alguien de otro país “entre o intente entrar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular.

El gobernador estatal, Greg Abbott, informó en un comunicado en X que la resolución de esta controversia será finalmente decidida “por la Corte Suprema de los Estados Unidos”.

“Texas apelará de inmediato esta decisión, y no cederemos en nuestra lucha por proteger a nuestro estado —y a nuestra nación— de la crisis fronteriza del presidente Biden”, dijo Abbott. “Texas tiene derecho a defenderse debido al continuo incumplimiento de Biden de su deber de proteger a nuestro estado de la invasión en nuestra frontera sur”.

Abbott había expresado, durante la ceremonia de la firma de la ley junto a la frontera en Brownsville, que el propósito de la medida es “detener el flujo de entrada ilegal en Texas”, por lo que esperaba que los cruces ilegales en los límites del estado se redujeran entre un 50% y un 75%. “Los cárteles de la droga no querrán operar en Texas”.

Partes de la ley entraron en vigor el 6 de febrero, específicamente la que establece que se impondrá una pena mínima obligatoria de 10 años a quienes sean acusados de tráfico de indocumentados. Si el delito se considera grave, la pena mínima de cárcel asciende a 15 años o más si existe otra disposición legal que sea aplicable al caso.

Un prolongado enfrentamiento entre Abbott y Biden

La medida cautelar, otorgada por el magistrado de distrito David Ezra, es parte de una serie de disputas legales entre Texas y la administración de Joe Biden sobre los límites de la autoridad estatal para prevenir la entrada de inmigrantes a través de la frontera, según lo informado por la agencia de noticias The Associated Press.

Durante una audiencia celebrada el 15 de febrero, el juez mostró escepticismo hacia la ley, pero también entendió las preocupaciones expresadas por Texas sobre los cruces ilegales.

Ezra, designado por el expresidente republicano Ronald Reagan, expresó su preocupación de que el país se convirtiera en una confederación de estados que aplicaran sus propias leyes de inmigración: “Eso es lo mismo que la Guerra Civil estableció que no se puede hacer”.

Los colectivos de derechos civiles, que también presentaron una demanda contra el estado, han sostenido que la ley podría propiciar infracciones a los derechos civiles y la creación de perfiles raciales.

Texas ha afirmado que la ley no tendría repercusiones para los inmigrantes que ya residen en el país debido al plazo de prescripción de dos años para la acusación de entrada ilegal, y que solo se aplicaría en la frontera estatal con México.

Con las tensiones entre Texas y el Gobierno federal sobre quién y cómo puede vigilar la frontera, otros gobernadores republicanos han manifestado su respaldo a Abbott, quien ha aseverado que Biden no está tomando las medidas suficientes para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Texas ha instalado una barrera flotante en el Río Grande, colocó alambre de púas a lo largo de la frontera con México y prohibió el acceso de los agentes de la Patrulla Fronteriza a un parque frente al río en Eagle Pass que solía utilizarse para procesar a inmigrantes.

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