La aprobación de la SF 2340 en Iowa se convirtió en modelo para otros estados que están considerando medidas similares.
En marzo de este año el legislativo del estado de Iowa aprobaron el proyecto de ley que le permitiría a la policía local recluir a inmigrantes indocumentados y daría a los jueces estatales el poder de ordenar deportaciones. Este miércoles, la gobernadora del estado Kim Reynolds firmó la ley que entrará en vigencia el 1 de julio.
La ley SF 2340 permitiría el arresto de inmigrantes que han sido deportados del país o a quienes se les ha negado el ingreso, y obligaría a la Policía de ese estado a verificar que los extranjeros sean expulsados nuevamente de Estados Unidos.
La comunidad de migrantes está preocupada por las derivaciones de esta medida que según consideran pone en riesgo su estatus y el futuro de sus familias.
Ya son nueve estados los que a la fecha están evaluando las restricciones que propone la ley de inmigración SB4 de Texas.
Se desconoce cómo los funcionarios harían cumplir y financiarían la medida de Iowa, conocida como SF 2340. Es probable que enfrente desafíos legales, lo que significa que su implementación podría retrasarse o incluso bloquearse en los tribunales, como ha sucedido hasta ahora con la ley de Texas que la inspiró. Sin embargo, los defensores dicen que esta incertidumbre no ha aliviado las preocupaciones sobre la posible discriminación racial y la erosión de la confianza entre las autoridades y las comunidades.
Además de Iowa, los estados de Idaho, Kansas, Louisiana, Missouri y Carolina del Sur, trabajan en una propuesta similar.
Los defensores del proyecto afirman que los migrantes han invadido la frontera. Mientras que los críticos califican la propuesta como discriminatoria e inconstitucional, y argumentan que el Gobierno federal supervisa la aplicación de la ley de inmigración, no los estados.
Actualmente, la SB4 está suspendida en Texas mientras se desarrolla un desafío legal en su contra en los tribunales.