El juez federal Roy K. Altman, quien bloqueó temporalmente una parte de la ley SB1718 que penaliza el transporte de personas sin estatus migratorio legal a Florida, sorprendió al emitir una nueva decisión que sugiere que está reevaluando su propia orden.
Inicialmente, Altman había decidido que el bloqueo debía aplicarse en todo el estado, pero ahora considera que este alcance podría ser demasiado amplio y ha solicitado más información antes del 6 de junio para determinar si el mandato judicial debería aplicarse solo a los demandantes, a nivel de distrito o a todo el estado.
La ley SB1718, promulgada por el gobernador Ron DeSantis el 10 de mayo de 2023, es considerada una de las más severas en Estados Unidos contra la inmigración. La norma penaliza con hasta 30 años de cárcel el transporte de cualquier persona sin estatus migratorio legal a Florida, prohíbe licencias de conducir emitidas por otros estados y exige a los hospitales que reciben Medicaid preguntar y reportar el estado migratorio de sus pacientes. Esta disposición pone en riesgo a muchos residentes, ya que incluso actos simples como llevar a un familiar a una cita médica podrían resultar en un delito grave.
La Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida demandó al estado argumentando que la ley es inconstitucional y que sus miembros, al verse obligados a evitar el transporte, podrían ser separados de sus familias, no acudir a citas médicas cruciales y enfrentarse a riesgos legales. Altman había rechazado inicialmente la petición de las autoridades de Florida de limitar el alcance de su decisión solo a los litigantes del caso, lo que parece contradecir su reciente postura de reevaluar el alcance del mandato judicial. El juez ha invitado a los abogados a presentar argumentos sobre el alcance adecuado del mandato judicial, reflejando la conversación nacional sobre la conveniencia de mandatos judiciales universales como medida preliminar. Las organizaciones de derechos de los inmigrantes como Americans for Immigrant Justice y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración han advertido sobre las severas consecuencias de esta ley para las comunidades afectadas.
